24/05/2026
¡EL GOBIERNO TIENE CULPA EN LA CRISIS DE LA CCSS!
Claro que sí, sería lo más sencillo afirmar, pero también irresponsable de hacerlo sin considerar algunas de las diferentes aristas a tomar en cuenta.
El Gobierno de la República tiene una enorme cuota de responsabilidad en la situación actual de la Caja Costarricense de Seguro Social, empezando por la designación de la Presidencia Ejecutiva, máxima jerarquía administrativa de la institución y figura sobre la cual recae gran parte de la conducción estratégica de la Caja. Lamentablemente, durante varias administraciones y con mayor énfasis en la actual esa gestión no ha sido efectiva ni ha estado a la altura de la importancia histórica y social de la institución más valiosa del país.
A esto se suma un hecho ampliamente señalado en informes públicos: la elevada deuda del Estado con la CCSS, cuya cifra exacta ha variado según las metodologías de cálculo y los cortes financieros utilizados por distintas autoridades. Diversos reportes institucionales y pronunciamientos públicos han advertido además sobre el crecimiento sostenido de esa obligación en los últimos años. Y aunque es cierto que el Gobierno enfrenta limitaciones de liquidez, cualquier deudor responsable buscaría honrar sus obligaciones mediante pagos parciales y acuerdos serios de cancelación. Lo que resulta absolutamente injustificable es que se siga jugando con recursos destinados a sostener la salud y la vida de los costarricenses.
El deterioro en la inversión pública en salud ya es evidente. Costa Rica, país históricamente admirado por su sistema solidario, hoy presenta niveles de inversión sanitaria entre los más bajos de la OCDE. Eso debería alarmarnos como Nación.
Sin embargo, sería un error atribuir toda la responsabilidad únicamente al Gobierno. La CCSS nació bajo un principio profundamente costarricense: el aporte solidario y tripartito entre trabajadores, empresas y Estado. Ese pacto social permitió construir uno de los sistemas de salud más humanos, universales y eficientes de América Latina, garantizando el derecho fundamental a la salud y a la vida, independientemente de la condición económica de cada ciudadano.
Desafortunadamente, pareciera que el mal ejemplo del Estado también ha permeado a otros sectores. Empresas incumplen sus obligaciones, aunque en menor medida debido a los controles de la institución. Pero en el caso de numerosos trabajadores independientes y asegurados voluntarios, cada vez es más evidente el incumplimiento en el pago de cuotas, mientras continúan utilizando los servicios del sistema.
También hemos escuchado reiteradamente que el desempleo ha disminuido en Costa Rica. Pero la realidad es más compleja. Una gran cantidad de personas en edad laboral ha abandonado la búsqueda de empleo formal y se ha desplazado hacia la informalidad. Se estima que cerca del 60 % de este sector no cotiza regularmente a la seguridad social, aunque sí ejerce presión constante sobre el sistema de salud.
A ello debemos sumar el caos vial que vive el país. El crecimiento descontrolado del parque vehicular y el aumento de accidentes de tránsito han disparado la atención de emergencias y trauma en hospitales públicos. Muchos de esos conductores ni siquiera cuentan con seguro social ni con sus vehículos al día, lo que impide que el INS asuma los costos. Como consecuencia, la CCSS por su naturaleza universal y solidaria termina absorbiendo esa carga económica y humana.
Todo esto ocurre mientras la institución enfrenta una limitada inversión en infraestructura hospitalaria y equipamiento médico, producto de años de abandono y decisiones políticas equivocadas. El resultado es evidente: más demanda de servicios, menos recursos, mayores costos operativos y un flujo financiero cada vez más insuficiente para sostener el sistema.
Las advertencias ya existen. Estudios actuariales de la propia Caja, reconocidos incluso por la Contraloría General de la República, indican que si no se realizan transformaciones profundas y urgentes, para el año 2030 comenzarán a utilizarse las reservas estratégicas de la institución, y para el 2036 estas podrían agotarse completamente. Estamos hablando de apenas cuatro años para iniciar el uso de reservas y de una década para enfrentar un eventual colapso financiero del sistema.
Paralelamente, la violencia social también golpea los servicios de salud. El aumento del sicariato, asaltos, agresiones y hechos violentos incrementa diariamente la presión sobre hospitales y servicios de emergencia. Y aun así, pese a todas las dificultades, la Caja sigue demostrando una capacidad extraordinaria de atención. Costa Rica mantiene indicadores de esperanza de vida comparables con países desarrollados, a pesar de tener una inversión en salud considerablemente menor. Eso no es casualidad: es producto del sacrificio histórico del pueblo costarricense y de la eficiencia de miles de funcionarios de salud que sostienen el sistema día tras día.
Por eso debemos entender algo fundamental: la CCSS no pertenece a un gobierno, a un partido político ni a una administración de turno. La Caja le pertenece al pueblo de Costa Rica. Es uno de los pilares más nobles de nuestra democracia social y probablemente la institución que mejor representa el espíritu solidario de nuestra identidad nacional.
Si como Nación no asumimos con seriedad la necesidad de encontrar soluciones eficientes, responsables y sostenibles, corremos el riesgo de regresar a la Costa Rica anterior a la Caja, aquella donde solamente quienes tenían dinero podían acceder a atención médica especializada, mientras los más humildes quedaban condenados a la resignación y al abandono.
Ni siquiera hace falta mirar muy lejos. Basta observar otros países donde la salud es un privilegio reservado para quien pueda pagarla. Allí, quien no tiene recursos simplemente no recibe atención.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Todavía estamos a tiempo de defender la institución más humana y solidaria que ha construido Costa Rica.
Porque defender la Caja Costarricense de Seguro Social no es defender una ideología política: es defender la dignidad, la vida y el futuro de nuestra Nación.
